Casi dos millones de hogares españoles perderán en octubre de 2018 el bono social si no se acogen al nuevo modelo de contratación eléctrica para el hogar.
Noticias que no trascienden lo suficiente por parte del Gobierno, Compañias Eléctricas y otras entidades sociales que deberían insistir para poner a los consumidores al corriente.
Por Eva Belmonte y Raúl Díaz Poblete 27/06/2018
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En España hay un millón y medio de pensiones mínimas de jubilación e incapacidad. Todos los que las reciban y no tengan otros ingresos pueden acceder de forma directa, pero solo están en el nuevo modelo 135.000 hogares.
- De las 675.955 familias numerosas que hay en España, solo el 22,5% son beneficiarias del nuevo bono social.
- Al menos 3,3 millones de hogares tienen derecho por renta, pero solo 256.000 están acogidos al nuevo modelo por esa vía.
Casi dos millones y medio de hogares son beneficiarios del bono social. Pero una amplia mayoría, 1,9 millones, están acogidos al sistema antiguo. Eso significa que el próximo 8 de octubre 2018, perderán las bonificaciones aunque sigan teniendo derecho a esos descuentos si no han solicitado el nuevo bono. Y su factura de la luz subirá de forma automática. Esa es la fecha en la que el anterior modelo dejará definitivamente de estar vigente.
Desde que se aprobó la reforma, algo más de medio millón de hogares se han apuntado al nuevo modelo, una cifra que está muy lejos de los millones de hogares que tienen derecho a acceder a estos descuentos. La situación era aún peor a 31 de marzo, a solo pocos días de que el anterior Gobierno se viera obligado a prorrogar la vigencia del anterior sistema otros seis meses, porque habían recibido poquísima solicitudes y porque la complejidad del proceso había generado dudas hasta a las propias eléctricas.
Millones de hogares con derecho al bono social se quedan fuera, por el momento: o no han querido solicitarlo, o no saben que existe, o se han quedado embarrados en un proceso engorroso y cuya puerta de entrada son las propias eléctricas. Son ellas las que reciben las solicitudes y responden a los solicitantes, pese a que es el Gobierno quien realiza el cálculo.
De entre los que se quedan fuera encontramos dos tipos: por un lado, aquellos que están en el sistema antiguo y que, pese a que cumplen los nuevos requisitos, perderán de forma automática los descuentos el 8 de octubre si no se pasan al nuevo sistema -aunque podrán pedirlo después-; y, por otro, aquellos que son nuevos beneficiarios gracias al cambio en las condiciones y que, aunque podrían estar disfrutando del bono social desde hace meses, no lo están haciendo.
El Gobierno estimó que 2,5 millones de hogares se acogerían al bono social, asumiendo que solo el 45% de aquellos que tienen derecho presentarían solicitud y conseguirían llegar al final de ese proceso. Ni siquiera esas bajas expectativas se han cumplido, con datos del pasado 31 de mayo, casi ocho meses después de la aprobación de la reforma.
El nuevo sistema establece tres vías de entrada para potencias contratadas de un máximo de 10 KWh y primeras residencias: para pensionistas de jubilación o incapacidad mínima sin otros ingresos; para familias numerosas, sea cual sea su capacidad económica; y por nivel de renta -ingresos que no superen los 11.279 euros anuales en el caso de hogares sin niños (1,5 veces el IPREM), 15.039 para las familias con un menor (2 veces el IPREM) o unos 18.799 euros anuales si hay dos menores en el hogar (2,5 veces). Estos umbrales suben en el caso de discapacidad, víctimas de violencia de género o del terrorismo.
Cuando se cumpla la fecha límite del 8 de octubre habrá pasado casi un año desde que entró en vigor la reforma del bono social, pasando de un sistema en el que accedían viviendas que cumplieran determinados supuestos (tener potencia contratada menor a 3 kwh, mayores de 60 años con pensión mínima, familias con todos sus miembros en paro y familias numerosas) a un sistema más enfocado a los ingresos, excepto en el caso de las familias numerosas, que pueden acceder sea cual sea su nivel de renta.
En paralelo, la reforma pasó de mantener para los beneficiarios los precios de 2009, congelados (lo que hizo que no les repercutieran las subidas de los últimos años), a descuentos del 25% para consumidores vulnerables – que cumplan los supuestos anteriores – y del 40% para vulnerables severos -con rentas muy inferiores. Además, estableció límites al consumo, esto es, solo aplica los descuentos a una parte del consumo eléctrico, no a toda la factura, como sucedía con el anterior sistema.
Por el momento coexisten beneficiarios de los dos modelos. De entre los viejos, los de 3 KWh son mayoría, 1,6 millones de hogares. Todos ellos perderán el bono social si no encajan en alguna de las otras categorías, como pasa con las familias con todos sus miembros en paro. Pero otras categorías permanecen, lo que significa que si no piden el cambio al nuevo sistema antes de la fecha límite, verán cómo sube el importe de su factura.
Distribución de beneficiarios del bono social
Veamos cómo afecta a cada categoría. En España hay un millón y medio de pensiones mínimas por incapacidad y jubilación. Los beneficiarios de esas pensiones que no tengan otros ingresos pueden acceder al bono social. Pero, a 31 de mayo, solo 135.000 lo han hecho.
En paralelo, coexisten con ellos unos 200.000 beneficiarios del antiguo bono social, que lo perderán en octubre si no se pasan al nuevo modelo. Pero esos 200.000 también incluyen a quienes cobran pensión de viudedad, que han sido excluidas de esta categoría.
En España hay un millón y medio de pensiones mínimas de jubilación e incapacidad. Todos los que no tengan otros ingresos pueden acceder de forma directa al bono social, pero solo están en el nuevo modelo 135.000.
Más de 700.000 viudas con pensión mínima se quedan fuera
Uno de los cambios más importantes de la reforma es que dejó fuera de la categoría de pensionista a quienes cobran pensión de viudedad mínima, que sí estaban incluidas en el anterior modelo y pueden seguir disfrutando de los descuentos hasta el 8 de octubre. A partir de entonces, solo seguirán siendo beneficiarias si acceden porque no superan los umbrales de renta.
En España hay 737.734 de estas pensiones, que van de 474,20 a 739,5o € (al menos hasta que se apruebe la subida de los presupuestos). Con esos ingresos, sin sumar nada más, todas entrarían como consumidores vulnerables por renta. Entonces, ¿qué importa que no estén en la categoría de pensionistas? La diferencia está por un lado en el acceso a la categoría de severo (40% de descuento), más difícil si es por ingresos; y en que los límites al consumo – la cantidad de energía sobre la que se hace el descuento – son inferiores si el acceso es por renta.
Incluso los que se pasen del viejo al nuevo sistema van descubrir un empeoramiento: el descuento no se aplica a toda la factura. Tras la reforma, lo hace solo a una parte. Un sistema de límites que, además, tal y como está planteado, no cubre los consumos totales que suelen tener los hogares españoles.
Siguiendo con el ejemplo de los pensionistas, sabemos que el promedio de gasto por hogar de aquellos que eran beneficiarios del bono social anterior era de unos 2.338 KWh al año. El límite que se les aplica con el nuevo sistema es de unos 1.680 KWh.
Pero, además, esos límites, aunque se expliquen de forma anual, se prorratean según el periodo facturado en cada recibo. Por ejemplo, el límite para una familia sin hijos es de 1.200 KWh, pero en realidad se aplican los descuentos a unos 100 KWh al mes. Así, en los meses de consumo elevado, como los de invierno, las ayudas tienen mucho menos efecto, como criticó la CNMC.
La categoría de familias numerosas es la única que no cambia y en la que, para ser consumidor vulnerable, da exactamente igual que un hogar ingrese mil euros al mes que un millón.
En España hay 675.955 familias numerosas. De ellas, solo 151.991 han pedido y se les ha concedido el nuevo bono social, un 22,5% de todas las que podrían beneficiarse de estos descuentos.
De las 675.955 familias numerosas que hay en España, solo el 22,5% son beneficiarias del nuevo bono social.
Fuera de estas dos categorías, jubilados y familias numerosas, encontramos la gran red, la que depende exclusivamente de los ingresos. Esta fue la mayor novedad de la reforma.
Al menos 3,3 millones de hogares tienen derecho por renta, pero solo 256.000 están acogidos al nuevo modelo por esta vía.
Al menos 3,3 millones de hogares en España están por debajo de esos umbrales, un número que es muy superior si tenemos en cuenta que esos límites de renta son más altos en caso de discapacidad, violencia de género o víctimas del terrorismo y que podría incluir a hogares de otras categorías. Pues bien: menos de 256.000 están acogidos al nuevo modelo por esta vía.
La falta de conocimiento sobre la medida y la complejidad del proceso impiden que millones de personas que tienen derecho a estas ayudas puedan acceder a ellas. Pero, además, muchos hogares que en la actualidad disfrutan del sistema antiguo lo perderán, con la consiguiente subida de su factura de la luz, el próximo 8 de octubre 2018.
Muy buena información. Lástima que no llegue a los necesitados muchas veces.
Sino hay un profundo cambio en el sistema, nada cambiará. Podrán cambiar los colores de los collares de los perros, pero son los mismos. Mientras las puertas giratorias existen, nada cambiará. Y seguiremos pagando luz agua gas teléfono mega caro para pagar sueldazos de “chupopteros”! En fin…