Más de 7 de cada 10 euros destinados a helicópteros y aviones de extinción de incendios se lo reparten cuatro empresas
Un informe CIVIO que virtualmente puede hacer que las brasas sirvan para corroborar sospechas
Desde 2015, las empresas de los grupos Babcock, Faasa, Habock e Hispánica de Aviación se han llevado 312,8 de los 427 millones de euros que las administraciones públicas han adjudicado en contratos de medios aéreos para las campañas de incendios.
427 millones de euros. Esta es la cantidad adjudicada por las administraciones públicas a empresas de helicópteros y aviones de extinción de incendios forestales desde 2015. De esta suma, 312,8 millones de euros (el 73,2%) se la han repartido cuatro grupos empresariales: Babcock (antigua Inaer), Faasa, Habock e Hispánica de Aviación (HASA). Los cuatro –matriz o filiales– están señalados en la investigación del cártel del fuego que ahora se encuentra en manos de la Audiencia Nacional por los contratos adjudicados en el periodo desde 2001 hasta 2015. Estos contratos incluyen el alquiler de helicópteros y aviones, el trabajo de los pilotos, y en algunos casos, hasta el entrenamiento previo a la extinción.Reparto de adjudicaciones de medios aéreos para extinción de incendios forestales
Una investigación de Civio basado en el análisis de 52 contratos demuestra que, desde el 2015, el grupo Babcock ha ingresado de las arcas públicas un total de 137,5 millones de euros, bien sea por la adjudicación de contratos a los que se ha presentado de forma individual o con otras empresas formando una Unión Temporal de Empresas (UTE). El Ministerio de Agricultura ha sido su principal cliente durante el periodo analizado, con 61 millones de euros. Destaca también su presencia en Galicia, donde ha ganado 12 de los 13 lotes o contratos, ya sea solo o con la consultora Natutecnia.
El abuso del trámite urgente
La tramitación urgente se reserva para “contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público”, según la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley en vigor cuando se firmaron estos contratos. En este tipo de trámite, los plazos de licitación, adjudicación y formalización se reducen a la mitad, lo que significa que las empresas tienen la mitad de los días para ofertar que tendrían en un procedimiento ordinario, reduciéndose el margen de maniobra para nuevas empresas. Entre 2015 y 2018, el Ministerio de Agricultura utilizó este tipo de procedimiento en 9 de sus 10 contratos.
Por su parte, el Grupo Faasa se hizo con el lote más suculento del Plan Infoca, el contrato para la extinción de incendios forestales andaluz. Y sumó otro tanto más al participar en otros lotes en UTE con otras empresas. Los indicios de reparto de este contrato – un solo licitador por lote, con comportamientos idénticos en su anterior licitación en 2012, y la apariencia de acuerdos previos– fueron investigados en 2015 por el Juzgado de Instrucción nº8 de Sevilla y, ahora, la Audiencia Nacional. Tras la investigación inicial, la Junta prorrogó los contratos con las adjudicatarias hasta el 31 de 2018. Así, del total adjudicado a Faasa –115,4 millones de euros–, desde 2015, 51 millones proceden solo de Andalucía. A los que hay que añadir la última prórroga, que le reportará más de 17 millones de euros extra de la Junta. Faasa ha declinado hacer declaraciones sobre el asunto.
Más de 45 investigados
En junio de 2017, la Audiencia Nacional admitió a trámite la investigación de las prácticas anticompetitivas del cártel del fuego, que actúan tanto en España como en países como Chile, Italia o Portugal. Puedes leer los nombres de las –al menos– 26 personas y 19 empresas investigadas en su auto de admisión.
El resto del monto que se lleva Faasa proviene de contratos del Ministerio de Agricultura, aunque no todo han sido alegrías por las nuevas adjudicaciones. Ya en 2015, Faasa demandó al ministerio por daños al recortar el periodo de ejecución de un contrato de 19 helicópteros y le pedía más de un millón de euros. ¿El responsable de que Faasa comenzase su contrato más tarde de lo que le correspondía? La empresa HASA, la cuarta en ingresos del ránking, con 24 millones de euros, que interpuso un recurso especial en materia de contratación. Lo que conlleva la paralización del contrato.
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid le quitó la razón a Faasa y se la dió al ministerio en febrero de 2018. Para entonces, las diferencias entre este grupo y HASA también se habían solucionado: dos meses antes, Faasa compró el 100% de HASA. Con este movimiento, todo queda en familia, y los 7 de cada 10 euros para el alquiler de medios aéreos pasan a repartírselos solo tres empresas.
Información elaborada por María Álvarez Del Vayo y Miguel Ángel Gavilanes de CIVIO
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