El Gobierno español indulta a un policía local que falsificó documentos para encubrir a su hermano
Eva Belmonte ( Periodista / Co-Directora de CIVIO )
El BOE de 28 de Enero 2019 recoge nueve indultos, los primeros del año, y que rebajan penas a condenados por delitos de hurto, insolvencia punible (tres), tráfico de estupefacientes, sustracción de menores, impago de pensiones y falsedad en documento oficial. Los dos sentenciados por este último delito son miembros de cuerpos de seguridad públicos, un policía local y un guardia civil.
“El indulto es impunidad y no es humanitario, sino político”
El agente de la Policía Local, José Romero, fue condenado en 2016 por haber falsificado documentos oficiales. Según consta en la sentencia, su hermano conducía un quad haciendo caballitos cuando una patrulla de Tráfico le dio el alto. Él hizo caso omiso y se dio a la fuga, hasta adentrarse en el centro histórico de Carmona (Sevilla), donde los agentes le dejaron marchar para evitar problemas en la zona. Fue entonces cuando, con la ayuda de un testigo y de la matrícula, le identificaron. Para evitar la sanción, argumentó que no era él quien conducía. Lo hizo gracias a su hermano, policía local de la localidad, que creó unos documentos que probaban que justo un día antes le habían sustraído el quad y lo había denunciado. Pero se probó que los documentos de la denuncia habían sido falsificados por su hermano.
Este no es el único caso de un miembro de las fuerzas de seguridad que ha sido indultado en esta ronda. Antonio Tamayo, miembro de la Guardia Civil de Tráfico en Jerez de la Frontera, también fue condenado por falsedad en documento oficial y también ha sido indultado. En su caso, cometió el delito no para beneficiar a otra persona, sino para perjudicarla : puso una multa falsa al ex-marido de su mujer.
Cuando estaba de servicio y reconoció el coche, según narra la sentencia, se inventó una sanción por no tener la matrícula visible, algo que fue demostrado falso por fotografías y análisis posteriores. La Audiencia Provincial de Cádiz consideró en 2015 que lo hizo para perjudicar al ex-marido y le impuso una pena de tres años de prisión. El indulto la rebaja a dos para intentar evitar su entrada en prisión.
En este caso, es la propia Audiencia Provincial la que pide el indulto, al considerar que la ley es “excesivamente severa”. Lo mismo ocurre en otro de los indultos de hoy, el que devuelve la posibilidad de ostentar la patria potestad a un hombre condenado por sustracción de menores.
Las nueve medidas de gracia publicadas hoy en el BOE fueron aprobadas el pasado viernes en Consejo de Ministros pero, como es habitual -excepto en los perdones solicitados por las cofradías por Semana Santa-, no se informó de la medida en las referencias de la reunión y sabemos de ellos solo cuando llegan al BOE.
Con estos, son 17 los perdones concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez. Del mismo modo que ocurría con el Ejecutivo anterior, los decretos no incluyen las razones concretas que motivaron la decisión, pese que a una sentencia de hace cinco años del Tribunal Supremo lo exige.
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Pero qué sinvergüencerías!!!