VOX
Capítulo IV – Próximo análisis Capítulo VI con el inicio de SALUD
ECONOMÍA Y RECURSOS
Diseñar y aplicar un nuevo Plan Hidrológico Nacional bajo el principio de la solidaridad y el bien común. Un Plan que desde el respeto a la sostenibilidad de los recursos hídricos y de los ecosistemas, permita una gestión eficiente del agua.
Tantos años intentando la consecución de tal plan sin lograr alcanzar el resultado esperado, requiere de una investigación profunda y una intolerancia legal a través de la intervención de la Justicia, atajando dilaciones y perversiones por parte de quienes se resistan al progreso de todos y para todos, sin excepción. La racionalización tiene un sentido para evitar la desigualdad.
Drástica reducción del gasto político. Eliminación de cargos y organismos duplicados, ideológicos o por cualquier otra razón prescindibles. Cerrar organismos destinados a crear estructuras paralelas al Estado, las televisiones autonómicas, defensores del pueblo, Consejos Consultivos, Agencias Meteorológicas, etcétera.
Sin duda acometer tales reformas sería el principio del fin de quienes comparte la teoría de la confusión y de las falsificadas estrategias para seguir medrando con privilegios, aumentando las duplicidades personales cada vez que se asume un nuevo gobierno a través de un determinado partido político, ergo crecen las partidas para saciar nóminas indeseadas de improductivas figuras de una política que no puede ser llamada así.
Fusión de ayuntamientos y significativa reducción en el número de representantes locales. Reducir al mínimo el número de asesores contratados por las diferentes administraciones públicas potenciando de esta manera la carrera profesional de los empleados públicos.
Al parecer todos llevan en sus programas algo parecido que olvidan con una facilidad que espanta por no saber la mejor manera de ponerle el cascabel al gato huraño, ya que cuando hacen cuentas para colocar a los palmeros de turno se hace al parecer imprescindible favorecer a quienes pegan carteles a sabiendas que pasan una factura, cuando sus conocimientos son escasos.
Simplificación de normativas, trámites y procedimientos. Derogar cinco normativas por cada una promulgada para el comercio y la industria. Eliminar todo tipo de coste público (tasas e impuestos) para la constitución y puesta en marcha de una empresa sea cual sea la forma jurídica que adopte.
Este apartado nos recuerda el apostillar de Felipe González cuando prometió una ventanilla única para dinamizar la creación de nuevas empresas (nunca conseguida), eliminando tasas e impuestos que en muchos casos se abonan a base de iniciar el negocio con una carga impositiva poco eficaz para facilitar la idea de emprendedor que tanto se promulga.
Desarrollar un Plan de la Energía con el objetivo de conseguir la autosuficiencia energética de España sobre las bases de una energía barata, sostenible, eficiente y limpia.
Un país rico en sol, viento y agua, si se regulase el buen uso de los acuíferos, no se entiende que deban ser otros con menos riqueza energética los que tengan que dar ejemplo a España, toda vez que se benefician de un mercado oligopólico creado para crear una factura que a todas “luces” podría reducirse para beneficio de un pueblo que sufre el encarecimiento injustificado.
Rebaja radical del Impuesto sobre la Renta. Aumento significativo del mínimo personal y familiar exento a 12.000 euros. Tipo único fijo del 20% hasta los 60.000 € anuales, tributando al 30% cualquier exceso sobre el mencionado límite.
Si todos tuviesen que contribuir con lo que les toca realmente, no habría economista capaz de oponerse a tales medidas fiscales por la que aboga VOX. Y si la deuda pública debe arrastrarse, como lo hace USA sine die, quiere decirse que mientras hay seguridad en el comportamiento no hay peligro de seguir abonando intereses hasta el final de los tiempos. (perdonen lo metafórico del razonamiento, pero es así de simple para quienes quieren entender y no liarse en bravatas apocalípticas de una economía versada en la autocomplacencia. Gobierno que se pase por no saber controlar los presupuestos, gobierno en pleno que debe caer por sus propia incompetencia y la exigencia de sus afiliados.
Reducir el tipo general del Impuesto sobre Sociedades al 20% con una reducción del 5% en el caso que los beneficios no se distribuyan y se mantengan en la empresa como reservas.
A nuestra modesta forma de entender consideraríamos mejor el 8 % como fondo de reserva, después de un análisis fiscal de Hacienda de la Empresa para obtener cautivo ese 3 % diferenciador, que debería servir para destinarlo a complementos de la seguridad social y a los fondos de garantía salarial.
Reducción del IVA al 4% para la compra de productos y fármacos infantiles y geriátricos.
Bastaría con aumentar el alcohol y el tabaco para no desvirtuar esa magnífica propuesta, no reduciendo a menos lo que Estado concede como mejora.
Reducción del impuesto de sociedades para las PYMES al 15%, y minimización de los trámites burocráticos para su aprobación administrativa. Apoyar a las Pymes para que no se las penalice a la hora de recibir financiación bancaria.
Sin el consenso participativo de la banca se hace inviable cuando pueden existir comprobadas sospechas de que muchos emprendedores hacen los cálculos con los codos, y no con los dedos de las manos por no saben pulsar las teclas de una máquina calculadora.
Los impositores, accionistas, el propio personal de las entidades bancarias no pueden sufrir los desvarios populistas de favorecer y agradar a todos por conseguir el voto que puede llegar a resultar inútil y de efectos cardiovasculares al menor síntoma de error.
Por dejarlo claro : Si se desea acceder a la compra de una vivienda, se hace imperioso el gesto de saber ahorrar hasta el 40 % de la misma, premiando con el 60 % el riesgo muy bien detallado, lo que evitaría en menor grado el detrimento causado por una nueva burbuja inmobiliaria.
Si se desea una crédito, se debe testar las posibilidades de éxito del negocio que se emprende, dejando garantizado el 40 % de la inversión ya sea en garantes solidarios verificados o bienes ejecutables ipso facto.
Fomentar la reindustrialización de España en el contexto de la cooperación empresa – estado y así aumentar el peso de la industria en el PIB. Apoyar a las empresas españolas incorporando como computable, en los criterios de evaluación de los concursos públicos, que la empresa tenga su sede y que tribute en España. Apoyo a la I+D+I y a la expansión internacional de las empresas españolas.
No hay comentario alguno sobre la evidencia de una propuesta generosa para quienes voluntariamente participen de la misma.
Amplio sistema de beneficios fiscales para las familias, en especial para las numerosas. Reducción mínima del 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para familias con hijos y exención del pago del mismo a las familias numerosas. Tratamiento conjunto de la renta familiar repartida entre los dos cónyuges, para no penalizar que uno de los miembros de la familia se dedique al cuidado de los hijos o de los dependientes.
Una propuesta bien definida, siempre que las corporaciones locales asuman reducciones de plantillas o su incorporación a empresas públicas, lo que abundaría en mermar presupuestos locales exageradamente incontrolables, lo que permitiría esos beneficios fiscales.
Menos impuestos y costes regulados en la factura de la luz, que son los culpables de que paguemos uno de los recibos más caros de Europa.
Eliminación de las puertas giratorias para los políticos que han permitido ese agravio comparativo y un acceso paulatino a la adquisición participativa del accionariado, destinando los excesos de un consumo incontrolado con el gravamen de un impuesto complementario, destinado a la compra de valores y con el mayor de los sigilos para no ver aparecer la amenaza de la información privilegiada, máxime cuando se trata de dar batalla a los “lobies” sin corazón ni alma.
Un país no puede estar en manos de las eléctricas y caer en los brazos del caos y el aumento progresivo de los desaprensivos consumidores que hacen acopio ílicito y vulneran el respeto por el vecino que paga su recibo incrementado por el que no lo hace.
Supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y Plusvalías municipales en todo el territorio nacional.
Por supuesto. La propiedad tiene un costo y ha generado impuestos que no pueden estar penalizados de por vida y en continua cascada. Es inexcusable que la supresión se siga manteniendo como un balón de oxigeno para quienes mal administran.
Liberalizar el suelo. Convertir en suelo apto para ser urbanizado todo el que no deba estar necesariamente protegido por motivos de interés público convenientemente justificados. El mercado del suelo es especialmente rígido su regulación provoca una escasez artificial que eleva su precio.
El suelo si tienen propietarios, recordando que los Ayuntamientos son propiedad de todos los ciudadanos que moren en los mismos, deben alejarse de proyectos faraónicos que han caído en tropezar con la misma piedra : Los caza urbanismos y sus corruptelas. Repasar las hemerotecas tienen sus compensaciones. No por mucho ofrecer vivienda asequible, la industria que da trabajo va a estar más cerca.
Apoyo a los trabajadores autónomos. Cuota de cero euros si los ingresos no llegan al Salario Mínimo Interprofesional y, superado dicho umbral, una cuota progresiva desde los 50 euros en función de sus ingresos. Bonificación del 100% de la cuota mientras el trabajador por cuenta propia esté de baja.
Mejor propuesta a la baja, pero jamás al alza.
Apoyo a los desempleados mayores de 50 años y a aquellos desempleados de larga duración mediante la reducción de un 20% de las cotizaciones de la empresa para nuevos contratos de carácter indefinido.
Si pudiera establecerse en una reducción del 25 % y el 4 % diferenciador se portase al fondo de pensiones y el 1 % restante a combatir el fraude laboral dignificaría el sector productivo en una España demasiada solidaria con lo que no nos afecta directamente e incapaz de denunciar sus propias carencias cuando los aprovechados crean una tendencia.
Apoyo a los trabajadores españoles mediante la reducción de un 10% de las cotizaciones de la empresa, para nuevos contratos indefinidos para trabajadores de nacionalidad española en situación de desempleo (siempre que el desempleo se sitúe por encima del 8%).
Optimista nos parece la ponencia al respecto, en la que también podríamos incluir a aquellos trabajadores de otras nacionalidades que han sido contratados bajo una regulación firme y amparada en los estatutos previstos para no verse marginados.
Crear un dispositivo de “primer empleo” que exonere de las cargas sociales en la primera contratación de jóvenes menores de 24 años y por un período máximo de dos años.
Sin comentarios y totalmente plausible.
Las pensiones contributivas estarán exentas en el IRPF, no por doble tributación sino por justicia con quienes han tributado durante toda su vida laboral.
Justicia social sin más enmascaramientos cuando se trata de ocultar una enfermedad del sistema más letal si no llega a analizarse las causas de mal, sin tantas excusas y sumas y restas plagadas de errores para los no iniciados.
Un nuevo modelo para nuestras pensiones (mixto de capitalización y reparto). Un sistema que se base en: 1. La solidaridad: garantizando una pensión mínima que se revalorice con el coste de la vida 2. La propiedad: asegurando el derecho de los ciudadanos a disponer de ahorros propios al finalizar su vida laboral que complementen las pensiones mínimas.
La claridad si es transparente desde el fondo la hace más creíble. Y ésta lo es.
Revisión de la Ley del Suelo y corregir sobrevaloraciones a efectos de IBI de construcciones agrarias. Fomentar la renovación del parque de maquinaria con convocatoria de planes que tengan continuidad y rebajar los impuestos directos del gasóleo agrícola (combustible, fertilizantes, herbicidas, plásticos) por encarecer los costes de producción.
Probablemente el comprador estaría dispuesta a pagar unos productos a su precio justo, que podrían ser más asequibles si las cooperativas ampliasen sus servicios al último consumidor o llegasen a alcanzar consensos de moderación con los intermediarios, que en definitiva son quienes controlan el mercado. Los inspectores juegan un papel importante como cabezas visibles que deben proteger tales intereses.
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