La Justicia española ha abierto en los recientes años procedimientos de imputación y juicio oral con respecto a los políticos inmersos en corrupción demostrada, tras cientos de denuncias y reportajes periodísticos que se han tenido en cuenta para que la fiscalía interviniera en su estudio y conducción legal. Lo cierto es que son pocas las personas que cumplen condena, si tenemos en cuenta que han abierto diligencias a 1.378 responsables públicos implicados en 166 derivas justicieras entre julio de 2015 y septiembre de 2016, según consta en la información facilitada en el CGPJ Consejo General del Poder Judicial, en los que únicamente 82 personajes permanecen en cárceles y 5 lo hacen en preventiva.
Huelen muy mal las cañerías de la jurisprudencia que desaguan al mar de la tranquilidad cívica, y en el que permanentemente tenemos un ojo avizor de alerta máxima, por riesgo de colisionar al desconfiar de la Justicia por los muchos escollos aparecidos sorpresivamente con los que nos encontramos a diario, y ello puede ser debido a que no existe una carta de navegación, tampoco astral, adaptada al tiempo en el que vivimos, entiéndase un código penal idóneo aprobado para obligar a devolver lo “robado”, con el aumento de recargas severas, que obligará al penado a quedarse en prisión mientras no pueda resarcir a quienes ha perjudicado.
En el caso de muchos políticos, el erario público es el más afectado, es decir todos los ciudadanos, por el mismo motivo que no se puede tolerar que un conductor ebrio, sin carné ni seguro del automóvil, que habiendo atropellado y causado la muerte a dos personas no puede irse de rositas al año y medio por vislumbrarse un aparente arrepentimiento y buena conducta penitenciaria, cuando el código penal sólo contempla un internamiento total de cuatro años. Despreciable letra pequeña que el huérfano de doce años que queda sin progenitores, probablemente no asumirá con el respeto debido lo que significa una sentencia ni el significado de la toga que la proteje.
Volviendo al tema político de la corrupción, la inmensa mayoría de los 400 condenados no pisan el suelo encerado de la prisión y las rejas que deberían separarle de la sociedad, ya sea por tener pendientes recursos, o simplemente porque negociaron in extremis su inhabilitación o aceptaron una suma en la modalidad de fianza por la infracción cometida, que muchas veces es bastante más inferior a la sustraída, lo que hace que el “chorizo” destape el piso del parqué y del hueco se apropie de dinero sucio y oculto, para costearse la rídicula sanción con una pequeñísima parte de lo “expoliado” indebidamente. Demencial, pero al parecer ésto va así.
De los 166 procedimientos cursados por delitos de corrupción, malversación más el tráfico de influencias en el período anteriormente citado, 99 terminaron en sentencia, y de ellos casi el 73 % incluyeron condenas para algunos de los implicados, es decir, 399 personas ya tienen su nombre y apellidos en los anales informáticos que desaconseja tener tratos con ellos.
Habrá que esperar que se termine con el aforamiento, en donde más de 17.000 cargos públicos se benefician de un blindaje inaudito al no poder ser juzgados por un tribunal 
ordinario, consiguiendo la condición torticera de expandir la lentitud de apremio de su caso a tiempos “futuribles” en donde
una hormiga tenga ocasión de convertirse en un elefante. Esa y no otra es la razón por la que hay tantos políticos corruptos y muchísimos menos en la cárcel.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) informaba en el año 2013 de 2.173 casos clasificados como complejos, complicados y sin visos de llegar a ninguna parte. De los 2.173, 1.661 estaban relacionados con casos de corrupción manifiesta en atestados armados de razones probatorias de pulcra redacción, o de delitos económicos que han llamado poderosamente la atención por su difusión popular, en los que no ha importado demasiado que las personas involucradas en estos detestables actos tanto directa como indirectamente con el “marchamo” del partido político de turno, se sigan paseando por restaurantes de la “guía michelín” para seguir con sus chanchullos, incluso algunos notables representantes empecinados que tras salir de las “cárceles-balneario”, consuman operaciones urdidas en los paseos obligados por el patio carcelario, y sin ningún problema tal se observa.
En lo que respecta a la procedencia orográfica de los “fichados”, el mapa se centra en Cataluña que registró el doble de responsables públicos procesados por asuntos de corrupción, con respecto a Andalucía o Madrid desde julio de 2015 a septiembre de 2016.
Andalucía acumula 153 aperturas de juicio oral o procesamientos a responsables públicos por delitos como cohecho, prevaricación o malversación, Madrid contabiliza 145, la mitad de encausados en Cataluña suma 303 durante el período 2015/2016.
Se apuntan otros datos : Canarias o Cantabria encabezan la lista de responsables públicos procesados por corrupción en términos relativos, ya que aportan a la lista 105 y 100 personas, respectivamente. Valencia y Asturias, por su lado, añaden 51 y 68 cargos encausados. El final de la lista está protagonizado por Aragón con 7 penados, Extremadura 5, Murcia 4.
En el año 2014, según datos recogidos por el CGPJ, por Comunidades Autonómas, en Galicia había 157 políticos imputados por corrupción y 8 condenados. En Asturias, 38, y 3; respectivamente; en Castilla y León, 10 imputados y 4 condenados; en Cantabria, 1 condenado; en Cataluña, 178 imputados y 20 condenados; en Aragón, 53 imputados y 1 condenado; en Extremadura, 7 condenados; en Andalucía, 383 imputados y 56 condenados; en Murcia, 80 imputados y 17 condenados; en Valencia, 110 imputados y 10 condenados.
En definitiva, o se mete mano a una nueva redacción del código penal, aunque sea a través de un escribano con pluma de ave de ganso o pavo, o mientras tanto a la mínima sospecha o ante la improvisación de hacer algo para combatir la corrupción detectada y probada, siempre nos quedará solicitar los servicios del “cobrador del frac”, pensando cómo ilusos honrados que demostramos ser el pueblo sano a carta cabal, que a lo mejor poco o algo recobramos pues la “caradura” de los que nos engañan a todos se vuelve endemoniada, terrorífica, congestionada y agresiva, lo que haría pensar que sin duda presentaría el molestado perseguido una denuncia por acoso, que podría llevar al encausado “moja-orejas vestido de negro” a ser reo de un problema mayúsculo, como el redimir su pena con trabajos sociales, pagar una cuantiosa indemnización y alejarse del “corrupto” medio kilómetro cada vez que le vea.
“ Todo delito que no se juzgue, es un escándalo que no debe admitir la sociedad.”
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