300 residentes de una urbanización conocida por Colina de Castrelos en la ciudad de Vigo, no van a poder seguir peleando ya contra el derribo de sus viviendas tras la angustia pasada a través de los años convertida en una indeseable pesadilla urbanística, dado que la firme sentencia del alto tribunal gallego insta a la demolición en seis meses por parte del Ayuntamiento de los hogares sancionados.
El gran edificio en cuestión se levantó sobre una colina privilegiada hace unos 25 años, en una época en la que la ciudad viguesa pasaba de una población rural de cerca de 23000 personas a los 300.000 de ahora.
El episodio de lucha comenzó en 1993 cuando un primer fallo judicial consideró ilegal la licencia de construcción de un edificio de diseño serpenteado compuesto de tres bloques con bajo y cinco plantas, en una ubicación privilegiada con vistas que compartía el Parque de Castrelos de más de 220.000 metros cuadrados de extensión panorámica, un auditorium al raso y el pazo palaciego de Quiñones de León, alzado en el más puro estilo de la arquitectura barroca.
Los promotores consiguieron la licencia municipal en marzo de 1991, no sin antes producirse una protesta vecinal para evitar lo que para unos era una reivindicación y lo que para otros fue el inicio de una pesadilla, no exenta de alegrías cuando las alegaciones prosperaban en contra de la demolición del “insigne” y cuestionado edificio, culminando un final desesperado sin admisión de recursos que da inexcusablemente un año para acatar la sentencia de dejar la colina exenta de ruinas y limpia para ser compartida con el entorno, y seis meses para desalojar a la vecindad con el inicio de cortes de electricidad, agua y precintos para advertir que la zona se halla en el curso de unas operaciones de trabajo expeditivo según dicta el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Y todo se debe al hecho de qué quienes llegaron al poder como alcaldes en la transición democrática, tal es el caso del por entonces elogiado Manuel Soto Ferreiro, que no evitó lastrar el axioma autoritario y anticuado, quizás como símbolo de patentizar presencia y arraigo de una nueva etapa del “aquí ordeno, aquí mando”, lo que hacía que se modificasen planes parciales inmersos en la ordenación municipal con otro espíritu socialista y “más libertario”, haciendo caso omiso a las advertencias de afección catastral, incluyendo las sugerencias de técnicos y asociaciones de vecinos que solicitaban estar presentes en las designaciones en cuanto a las modificaciones urbanísticas se refería, produciéndose un caos, un ocultamiento de intenciones y una inseguridad jurídica que hoy se pone en evidencia para ese elevado número de familias que poco recibirán como compensación
para volver a empezar, lo que nos demuestra una vez más que desde el aceite de Redondela algo ha ido cambiado y mucho en Vigo, en la que desaparecen en el año 1972 : 4.036.052 kilos de aceite público, que permanecían bajo custodia de Nicolás Franco Bahamonde (hermano del Generalísimo), produciéndose hechos de película que recuerdan a “ uno de los nuestros “, cuando el ingeniero que denunció la sustracción se suicida tras matar a tiros a su mujer y a la embarazada de su hija, o la del accionista principal que apareció muerto en las duchas de la cárcel viguesa. Un sumario de 50.000 folios que desapareció sin dejar rastro cuando era Presidente de la Audiencia Provincial de Vigo Don Mariano Rajoy Sobredo, padre de nuestro anterior Presidente de Gobierno, cesado recientemente por una moción de censura y volviendo a ejercer su profesión como Registrador de la Propiedad en la comarca de Alicante.
En definitiva, un aceite que se evapora, unas viviendas que se construyen para después volver a destruirse, y en esas que nunca hay que buscar responsables pues de alguna manera se ocultan, se camuflan en estatuas de piedra o no responden, dejando que la ciudadanía goce de una impotencia por no ver nunca luz alguna que guie el derecho a transitar por el túnel de pedir explicaciones y compensaciones a aquellos que tan alegremente han estampado su firma, lo que repercutiría en qué a más de uno de esos alcaldes a los que todavía se les puede tocar el bolsillo de una impunidad económica mal concebida por haber metido la mano o no meditar las decisiones de dudosa autoría, se lo pensarían más de dos veces en cometer o ser parte de las tropelías, esas que han urdido o contribuido a que muchos de los afectados las preocupaciones les hayan 
hecho perder el cabello o padecer un cáncer. Malditos sean quienes no tienen en cuenta el peligro que transmiten a los demás y sin ninguna delicadeza. El Ayuntamiento lo somos todos, y ya va siendo hora que quienes asumen la responsabilidad de protegernos lo hagan o paguen por sus errores, pues zapatero a tus zapatos, y los alcaldes y alcaldesas a saber bien, a asesorarse lo que representa lucir una banda de representatividad colectiva en el cuerpo y portar un vara de mando, que no sirve para irnos arreando a los ciudadanos como si fuesemos burros sin leyes o perros silenciosos que no saben husmear en los portafolios de mano.
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