El Gobierno venezolano de Maduro requisa y mata con impunidad al no proveer de las necesarias medicinas por una simple y amañada medida cautelar en una frontera que no cede hasta no recaudar el obligado peaje
La fundación Mavid ( Manos amigas por la vida ) de Carabobo (Venezuela) denunciaba a finales de octubre de 2018 la muerte de más de 6.000 personas y que más de 8.500 estaban infectadas de VIH. Y ahora el CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) ha decomisado con la impunidad de una Ley amañada, importantes donaciones del Fondo Global de Naciones Unidas para combatir la tuberculosis, malaria, VIH (Sida) y otras enfermedades no contagiosas, incluyendo otras medicinas y productos lácteos en sus establecimientos.
Nos consta que esa requisa al día siguiente fueron repartidas entre miembros afectos al partido bolivariano, además de una buena parte que han sido destinadas al mercadeo negro, violando así las reglas fundamentales de la ayuda humanitaria, algo que deja perplejos a la propia gestora donante que nada puede hacer por haber sido ordenada por la connivencia de la judicatura venezolana. No contentos con la medida y ante la protesta de de la ONG, los miembros custodios Willmer Álvarez, directivo de Provea y el responsable de la coordinación Jonathan Mendoza fueron detenidos por varias horas y finalmente puestos en libertad, no sin antes notificarles un cargo por el mismo delito que los causantes del expolio habían realizado. Una acción grotesca e impropia de una institución gubernamental.
Mientras sucedía lo narrado Guaidó, el Presidente no admitido por la fuerza en el seno del Palacio de Miraflores, recaba ayudas por más de 100 millones de dólares para paliar el hambre y la necesidad de medicamentos indispensables para paliar enfermedades que ya empiezan a revelarse como crónicas y que probablemente causarán muertes que podrían ser evitadas si el transporte hubiese podido llegar antes. Guaidó hace un llamamiento a la población para dar un halo de esperanza, anunciando que la ayuda humanitaria entrará en Venezuela a partir del 23 de febrero, habiendo negociado con Nicolás Maduro Moros el pago por tránsito a modo de infracción por “exceso de equipaje”, y no de contrabando, que supondrá una buena mordida en producto, tanto de alimentación básica como de medicinas, “aliviando” así literalmente la carga bloqueada.
El hambre en Venezuela es una constante ejercida por el desinterés de un gobierno que ha dejado de enfrentarse contra el crimen organizado, probablemente porque parte de sus integrantes pertenecen a una policía corrupta cubierta por el régimen de un indeseable al que le cuesta tirar la toalla, seguramente hasta no ver sus arcas llenas para encender el motor de su huida y la de un séquito que debería ser empezado a investigar y denunciar en los tribunales de Justicia internacionales.
Éste torpe mandatario, iluminado por el brillo de las bocachas de los fusiles todavía cree que es intocable, y lo será si sus abogados y representantes consulares, siguen con la tarea de buscar refugio para Maduro a golpe de dólar enajenado con la connivencia de sus secuaces, unos seres inanimados ya que permiten que la gente más vulnerable muera de hambre, descubriendo las estadísticas que ya son demasiado los niños que han caído en esta vertiginosa deriva de un evidente maltrato y amenaza constante al pueblo venezolano, que apenas tiene fuerzas para gritar hasta la saciedad que su hartazgo raya la locura.
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