Ruído molesto y constitución que reprenderá a quien mal uso haga de la misma

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A los alcaldes de Santo Domingo y al Ministro de Sanidad dominicano que ha errado en lo indefendible

Al parecer los políticos dominicanos o son sordos y el tímpano privilegiado que compone el oír, ver y callar resiste todo lo que le echen, o bien viven en lugares de la capital de Santo Domingo en donde sus domicilios tienen inhibidores de alarma controlados por sofisticados detectores, razón por la que no son molestados a altas horas de la madrugada por el sonido estridente que causan esos “carros”, al parecer inseguros que carecen de garantía por robo o intento de allanamiento, aparcados en la calle e incluso junto a hospitales en donde descargan de forma bochornosa y tenazmente, mediante espaciados constantes e interrumpidos al cabo de varios minutos para volver a gozar de su batería al instante una y otra vez, ocasionando un ruido vertiginoso de parturienta canina que pide auxilio a ladridos, quizá debido al sospechoso paso de un motor a toda leche o el bostezo de un transeúnte, causando una llamada de atención a la que no acude nadie, ni siquiera por curiosidad de los trasnochadores y mucho menos la policía, lo que nos hace albergar la duda con un exceso de imaginación, que si eso no resultase así como afirmamos, ya esa anomalía nocturna, diurna y a todas horas molesta se hubiera solucionado por los vigilantes del orden, fulminando el “atropello” al descanso con un edicto de norma urbana, que impidiera que a más de un enfermo o vecino que tiene que elevarse del catre prontamente se les ocurriera tirarse por la ventana.

Y en cuanto a la cacicada del Ministro de Salud de la República Dominicana, exigiendo que para entrar en un transporte público o privado, en un banco o en su propio loby para entregarle un sobre, hace falta un certificado de vacunación o prueba PCR, decirle de forma escueta y sin retarle a demostrar lo contrario pues perdería algo más de credibilidad por negligencia acumulada y sentar un precedente inadmisible, probablemente debida a la ineficacia e ignorancia de sus asesores, que está él como autor que firma la obligatoriedad y que está incurriendo en fallido discurso al vulnerar la constitución de su país, pues por si no lo sabe se comprende y se entiende por la interpretación clara de la misma y sus escaladas de autoridad muy bien definidas que parten de un principio basado en los derechos y libertades que son inexcusables de no tomar en cuenta antes de redactar un documento.

Todo lo demás, y por mucho que los aludidos se rasguen las vestiduras, en cualquier otro estamento de gobierno y el no saberse el catecismo y el dogma de comportamiento social que ampara al pueblo, reclamaría por sus propios colegas y oposición un cese inmediato en sus funciones, es decir una abdicación o renuncia a seguir manteniendo el cargo para paliar la inconveniencia de sus responsabilidades, que para un miembro ministerial que no asume con seriedad y supuesta forma de ver la ilegalidad que todavía hoy se discute en otros países, determinadas acciones no pueden quedar al pairo, olvidarse y dejar que todo sea un simple error que en teoría puede disculparse, cuando en política todo tiene su castigo y un precio que pagar por atentar contra lo que reprime la voluntad, precisamente en un gobierno que tiene la transparencia como meta, estandarte y talante.


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